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En todas y cada una de las labores llevadas a cabo por el profesional del derecho, independientemente del área en la que este se desempeñe, debe velarse por la prevalencia de los principios inherentes al ser humano, así como los derechos fundamentales de aquellos sujetos que se encuentran en un estado de vulnerabilidad, desprotección y/o debilidad manifiesta, circunstancias en las que muchas veces la retribución no resulta ser otra que la satisfacción del deber cumplido, así como el amor por la profesión.

La abogacía como actividad profesional nos brinda la oportunidad de actuar en defensa de los derechos de la población más vulnerable, como lo son las mujeres cabeza de familia, niños menores, discapacitados, personas de la tercera edad, desplazados por la violencia, entre otros sujetos que gozan de especial protección, acorde con los lineamientos trazados

por la Corte Constitucional Colombiana en innumerables pronunciamientos jurisprudenciales, ello con la finalidad de salvaguardar los pilares fundamentales de libertad, igual, dignidad y justicia que constituyen la columna vertebral de nuestra Carta Política de 1991.

Pese a que constituye una obligación directa en cabeza del Estado Social de Derecho, el velar por la especial protección de aquellos sujetos que por su condición económica, física o mental, así como el sancionar los abusos o maltratos que contra este sector de la población se cometan, constituye además un deber moral para quien ejerza la abogacía, el salvaguardar los derechos fundamentales constitucionales, en cada una de las actuaciones que a diario se ejecutan en el desarrollo de la profesión.

Articulo: Sergio Garzón – Abogado Universidad Libre