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A PROPOSITO DEL PARO JUDICIAL

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A PROPOSITO DEL PARO JUDICIAL

Se cumplen 51 días desde que funcionarios de la rama pertenecientes al sindicato “vocero judicial” han cerrado los juzgados civiles y de familia en Bogotá, paralizando totalmente el servicio e imposibilitando a los usuarios realizar trámites.

Actualmente se encuentran cerrados en su totalidad los juzgados ubicados en la sede judicial Hernando Morales Molinas en la carrera 10 Nº 14-33, los juzgados de familia San Remo en la calle 19 Nº 6-44, Edificio Uconal en la Calle 19 Nº 13-12, Edificio Virrey en la calle 12 Nº 9-23 torre centro y Sur, Camacol en la carrera 10 Nº 19-6, y el edificio Nemqueteba en la Carrera 7ma Nº 14-15, en este último complejo judicial también se han visto afectados los juzgados laborales del circuito y de pequeñas causas que se encuentran ubicados allí, toda vez que funcionarios del sindicato “vocero judicial” no permiten la entrada a usuarios de dichos juzgados y con la llegada de marzo han también obstaculizado la entrada a los funcionarios de la rama que asistían con normalidad a los despachos.

El paro judicial inició el 18 de enero de 2016 en la segunda semana laboral del presente año, justo después de que los funcionarios de la rama llegáran de sus vacaciones de fin de año o la llamada “vacancia judicial”, tan solo seis días después de la reapertura de los despachos de familia y civiles, se inicia el paro que ha causado gran traumatismo no solo a la administración de justicia, sino que también ha promovido efectos incuantificables a los abogados litigantes quienes reclaman su derecho al trabajo y además daños incalculables a miles de ciudadanos, en especial a los que gozan de protección especial por el estado, como son los adultos mayores o personas en situación de invalidez o discapacidad, quienes se encuentran a la espera de su pensión de vejez y los niños protegidos por el articulo 44 C.P. de quienes se suponen priman los derechos, pero que hoy la justicia colombiana lleva 50 días dejando a la espera resolver temas de adopción, alimentos, entre otros, dejando totalmente desprotegidos y vulnerando sus derechos inclusive fundamentales, obligando a estas personas a acudir a tutelas en busca de salvaguardar dichas derechos por lo menos en forma transitoria y congestionando el sector judicial que si está funcionando como los juzgados penales.

Pero ¿por qué es el paro?

El paro inició por la implementación del código general del proceso ley 1564 de 2012, en el cual se estipulo que entraría en vigencia a partir del 1 de enero de 2016 y con ello la implementación de los centros de servicios judiciales, los cuales han sido la principal preocupación de quienes hoy integran el paro, así lo ha afirmado Luis Orlando Chinchilla vocero del sindicato “vocero judicial” afirmando que “el acuerdo pone a la estabilidad laboral en peligro y deja a un 50% de compañeros por fuera de la rama” esto basado en que lo que se pretende con el acuerdo PSAA15 – 10445 de 2015, “por la cual se define la estructura de los centros de servicios judiciales de los juzgados civiles y de familia”, es que en cada centro de servicio se realicen labores secretariales, de gestión documental, reparto, notificaciones, gestión de depósitos judiciales, atención al público, apoyo a sustanciación y la administración de salas de audiencia de cuatro juzgados, por lo que se suprimirían alrededor de 3 cargos por juzgado, razones principales por las que se inicia y se sostiene dicho paro a pesar de que el Consejo Superior de la judicatura suspendió el pago de salarios a los funcionarios que no están laborando y que solo accedió a pagar un total de setecientos veinte millones de pesos $720.000.000 correspondiente a las prestaciones sociales de dichos trabajadores.

Como usuarios de la rama hemos estado sometidos a la incertidumbre de la reapertura de los juzgados, pues se ha generado confusión en los distintos medios, ya que en repetidas ocasiones se ha anunciado el funcionamiento normal de los despachos que se encuentran en paro, pero la realidad con la que nos encontramos al asistir a las diligencias es que los complejos judiciales siguen cerrados y que la situación cada vez empeora y no se llega a ningún acuerdo por parte del consejo superior de la judicatura y el sindicato.

En el último mes se presentaron situaciones en las que inclusive intervino el ESMAD y la Policía Nacional para garantizar la entrada a los edificios de los usuarios pero al llegar a los respectivos despachos, el común denominador era la falta de atención y servicio por parte de los funcionarios, posteriormente vimos en noticias a la Dra. Martha Lucía Zamora presidenta encargada de la sala administrativa del consejo superior de la judicatura anunciando un aplazamiento por dos meses de la entrada en vigencia del acuerdo 10445 de 2015 y afirmando que se había llegado a un arreglo con los sindicatos y que los juzgados de familia, civil y de paso los laborales iniciarían de inmediato su funcionamiento normal, pero por otro lado y en simultáneo nos encontramos de nuevo con el señor Luis Eduardo Chinchilla asegurando que no habría reapertura pues no están de acuerdo con el aplazamiento sino que están en busca de la revocatoria de los acuerdos que reglamentan la entrada en vigencia de los centros judiciales de servicios.

Por lo pronto nos encontramos a la espera de la apertura y funcionamiento de los juzgados, lo que a la fecha es incierto, y seguimos a la deriva por la ineficiencia del Estado para resolver este paro, teniendo en cuenta que la rama judicial forma parte del mismo, y por el contrario nos encontramos sometidos a los caprichos de funcionarios judiciales en su mayoría provisionales que pretenden impedir la entrada en vigencia del acuerdo antes citado, aun cuando el mismo se encuentra en firme.

 

Autora: Jessica Patricia Vargas Mantilla – Abogada Universidad Libre.

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